La polémica que se desató por la visita del exministro de Economía de Cristina Kirchner y precandidato a gobernador bonaerense por Unidad Ciudadana, Axel Kicillof, a la Sociedad Rural de Bragado, encontró al gremialismo rural sin un protocolo o guía sobre cómo actuar en casos como estos.

Para el sentido común, reunirse con una gestión que se situó en las antípodas de la producción es, como mínimo, una pérdida de tiempo y, como máximo, una declinación de principios.

Pero, en un año electoral y en una democracia, ¿hay que desperdiciar la oportunidad de estar cara a cara aun con quien se sabe que piensa de otra forma?, ¿y si esa persona todavía ocupa algún lugar de relevancia en el Congreso?

Kicillof, por ejemplo, preside en la cámara baja la comisión de Economía y es vocal en la de Prespuesto y Hacienda. Entre otras normas que el agro tiene pendiente, está la reforma de la ley de semillas. Y el oficialismo deberá negociar con la oposición si quiere impulsarla. Por supuesto, siempre es más tentador colocarse en una posición testimonial y criticar a quienes se sientan en una mesa con el que piensa diferente.

Esta visión, principista, corre el riesgo de recaer en el vicio de conformarse con hablar sólo con los parecidos a uno. La competitividad, tranqueras afuera, tiene una dimensión política y social que no debería ser soslayada.

Quienes se reúnan con políticos en campaña también deberían saber que la comunicación de ese tipo de encuentros es importante.

El candidato dará su versión – fotos y videos que circulan a la velocidad de la luz por Internet-, pero la dirigencia rural debería también interesarse en cómo cuenta los hechos. Las formas importan. La recomendación de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que adoptó esta semana en Olavarría, da una hoja de ruta para salvaguardar a los dirigentes locales de momentos incómodos como el que se vivió en Bragado.

Que los candidatos municipales se reúnan con los dirigentes locales y los provinciales, con la dirigencia provincial. Se podrá discutir si es la mejor decisión porque la dinámica de una campaña electoral puede no ser tan esquemática, pero al menos es una guía en un año electoral.

El “efecto kicillof”, además, desafía a la Mesa de Enlace, que comenzó a discutir sobre la posibilidad de tener una propuesta básica del campo, con una serie de puntos sobre los problemas por resolver y las cosas que podrían hacerse. De llegar a elaborarse, ¿habría que dejársela solo a Macri?, ¿qué hacer con Cristina?, ¿y con Roberto Lavagna? (al menos, como cabañero de la raza Angus el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde tiene un vínculo directo con la actividad). Son discusiones que, en algún momento, pueden plantearse.

El gremialismo rural no es el único que debe reforzar su calidad institucional. Las cadenas agroindustriales piden a gritos un mecanismo para resolver sus diferencias. En las últimas semanas hubo dos hechos que parecieron demostrarlo: el reclamo del complejo oleaginoso de volver a instaurar el diferencial arancelario entre el poroto de soja y la harina y el aceite y la aprobación del trigo transgénico tolerante a sequía que reclama la firma Bioceres.

En ambos casos, el presidente Macri quedó como árbitro de la situación. Agroindustria debería liderar ambas discusiones y tener mayor competencia de la que hoy tiene tras haber sido degradada en su rango. Para eso no hace falta que vuelva a llamarse “Ministerio”, alcanza con que el Gobierno no tenga dos ventanillas diferentes para tratar asuntos parecidos.

Hay cadenas productivas -avícola, vitivinicultura, entre otras- que tienen que golpear al mismo tiempo las puertas del despacho del ministro Sica y del secretario Etchevehere para ser atendidas. Se les podría simplificar la tarea con un único teléfono.

Por Cristian Mira