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Congelamiento cuotas UVA y desalojos: Real propone la adhesión de la provincia

El diputado provincial Gabriel Real solicitó, mediante una iniciativa legislativa, que el Poder Ejecutivo Provincial, adhiera a los decretos nacionales 319/2020 y 320/2020 de congelamiento del valor de las cuotas en los créditos UVA y suspensión de desalojos.

El decreto 319 establece que hasta el 30 de septiembre de 2020 se congele con el valor asignado en marzo de este año, la cuota mensual de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única.

La misma medida de congelamiento y por el mismo plazo se aplicará a las cuotas mensuales de los créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Por otra parte, el decreto 320 establece la suspensión de desalojos en todo el territorio nacional, hasta el 30 de septiembre de este año, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria.

Esta medida alcanzará también a los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.

Se trata de una emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541; la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, lo dispuesto por el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias.

“La emergencia antes aludida, con sus consecuencias económicas, complica el cumplimiento de obligaciones para una importante cantidad de locatarios. La pandemia producida por el coronavirus ha modificado la cotidianeidad, los ingresos y las previsiones de los argentinos y nuestra provincia está incluida en ese contexto. Hay un conjunto muy amplio de trabajadores, comerciantes, profesionales, industriales, pequeños y medianos empresarios, que ven afectados fuertemente sus ingresos por la merma de la actividad económica, lo que origina una reducción en los mismos, con la consecuente dificultad que ello genera para afrontar todas sus obligaciones en forma íntegra y para disponer lo necesario para costear su alimentación, su salud y su vivienda”, dijo el legislador del Partido Demócrata Progresista.

Por todo esto, la emergencia sanitaria exige pensar estrategias para que los habitantes de nuestro país puedan desarrollar sus vidas sin verse privados de derechos elementales, tales como la vivienda.