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Marcha atrás: Alberto Fernández derogó el decreto de intervención de Vicentin

Con fuertes críticas al juez que interviene en el concurso y a los accionistas, expresó que el Estado no va a comprometer recursos públicos para rescatar a la compañía.

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes por Twitter que decidió derogar el decreto de necesidad y urgencia 522/2020 por el cual había dispuesto la intervención de Vicentin.

El mandatario formuló duras críticas al juez que interviene en el concurso y a los accionistas, a quienes acusó de entorpecer las negociaciones para alcanzar una solución a la crisis que atraviesa la compañía por su deuda de 20.000 millones de pesos.

“El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, cuestionó Fernández.

En ese marco, aseguró que “el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.

Precisamente, la idea de un fideicomiso había avanzado en las últimas semanas, pero las conversaciones se cayeron. Este viernes, el directorio de Vicentin había emitido un comunicado en el que cuestionaba que el Estado pretendía “una expropiación sin precio indemnizatorio”.

“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, continuó el Presidente.

También hizo referencia a la idea de expropiar la compañía, al recordar que “la intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin SAIC como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.

“En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, completó Fernández.

Y finalizó: “He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.

 

Fuente: Agrovoz