La recomposición del 10% sobre los valores de diciembre es “una burla”, dijeron desde el sector, ya que desde entonces sus costos subieron 50%. Acusan al lobby de las petroleras y denuncian que no cumplen con el corte obligatorio que dispone la ley nacional.

La recomposición del 10% en el precio de los biocombustibles dispuesta hoy por el gobierno nacional no cambia en absoluto la situación de las empresas elaboradoras, que hace más de un mes y medio están paradas para no producir a pérdida. Desde las empresas pyme, encargadas de proveer a las petroleras para el corte obligatorio de los biocombustibles fósiles, adelantaron que volverán a elevar notas y pedidos oficiales a las autoridades competentes, además de “salir a los medios” para que se conozca la crítica situación que atraviesa el sector.

“Es una burla, al tipo de cambio oficial con los nuevos valores la tonelada de biodiesel está en u$ s 626, mientras que la de aceite de soja cotiza u$ s 625; con un dólar (de diferencia entre compra y venta) no podemos correr con todos los costos productivos”, explicó Leandro Luqui, titular de la firma Doble L que en Sa Pereira elabora 1.000 toneladas mensuales de biodiesel y emplea directa e indirectamente unas 20 personas. También integra la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), entidad que hoy cursó una nota a la Secretaría de Energía de la Nación (con copia al ministro de economía Martín Guzmán) y al gobernador Omar Perotti en la que solicitan respuestas urgentes para poder retomar la producción.

El empresario explicó que la suba del 10% es sobre el último precio publicado en diciembre por la Secretaría de Energía y que, desde entonces, los costos directos crecieron aproximadamente 50% en pesos producto de la devaluación de la moneda y la suba internacional del aceite. Por lo tanto, con la medida de hoy apenas recortaron un poco la distancia pero siguen 40% retrasados. “Ahora el precio del biodiesel se estableció en $ 48.533 la tonelada, para poder volver a trabajar debiera valer 62.000 o 63.000”, explicó. ”No sirve para nada, nadie va a entregar a estos precios”.

Luqui indicó que la situación se tornó crítica hace un mes y medio y desde entonces dejaron de entregar su producción a las petroleras, por lo que no se está cumpliendo con la ley que establece la obligatoriedad de cortar los combustibles fósiles con un 10% de biocombustibles. “A nadie le importó”, dijo, y cargó contra las petroleras que “al no querer cortar con biodiesel” tampoco acceden a negociar precios por encima de los mínimos que establece el gobierno. Pero -añadió- tampoco cumple el gobierno con la fórmula de fijación de precios.

El empresario explicó que vienen haciendo reiterados reclamos que no son escuchados por las autoridades. La nota de CASFER afirma, incluso, que ya habían rechazado el incremento de 10% que les habían propuesto a principio de mes. Tratándose de pymes que agregan valor a la producción en el interior del país -llevando a la práctica la tan mentada “industrialización de la ruralidad”- y de que se trata de un sector que se decidió impulsar con una ley cuando el actual presidente era Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, la indiferencia de las autoridades sólo tiene una explicación para las elaboradoras de biocombustibles: “hay un lobby petrolero”, sentenció Luqui.

El sector está segmentado entre empresas grandes (con la misión de exportar) y chicas (que cumplen el rol de abastecer a las petroleras para el corte obligatorio). A nivel nacional existen unas 30 pymes elaboradoras de biodiesel, de las cuales más de 20 son santafesinas. En promedio, cada una emplea unas 20 personas pero además genera movimiento económico en pueblos y ciudades. Por ejemplo Doble L -dijo su propietario- consume prácticamente la misma cantidad de electricidad que los 1.900 habitantes de Sa Pereira. “Y a la hora de conectar el gas natural nosotros podemos ser clave porque quizás a la empresa proveedora no le resulta rentable hacer la inversión para abastecer las 500 viviendas que puede haber en el pueblo”, agregó en otro intento de explicar la relevancia que tienen estas empresas para sus comunidades. Esta, que es la más pequeña de las firmas, con 1.000 toneladas mensuales (las hay de hasta 5.000) mueve entre 40 y 50 millones de pesos.

“Hoy el presidente habló del federalismo, de las empresas del interior, de las pymes; habla de supuestas inversiones que se debieran hacer y nosotros somos una realidad; si nos fijan los precios como está determinado en la ley en 24hs estamos en marcha porque el proceso es rápido”, lamentó Luqui. “No somos una idea a futuro, somos una realidad hoy”, remarcó.

En virtud de que la Ley de Biocombustibles vence en mayo próximo, “hay un desconcierto total” porque mientras hace unos meses se pensaba en pedir que se prorrogue la norma hoy “estamos discutiendo que nos pongan el precio que corresponde”. Por otra parte, mientras no cambien las condiciones tampoco pueden salir de negocio ni achicar costos, por ejemplo porque el gobierno prohibió los despidos. “Es prolongar una agonía; porque quizás una empresa podría reducir personal y trabajar con menos gente haciendo un esfuerzo, pero si me obligan a mantener a todos lo más lógico que pase es que en dos o tres meses me mandan a una quiebra”, reflexionó.

Por último, ante las versiones de que las naftas subirán por el aumento del biocombustible Luqui aclaró que el incremento es por el impuesto al dióxido de carbono, que ahora es sobre el 100% del combustible y no sobre el 90%. “Está aumentando porque tienen que tributar más por el 10% que no están cortando; eso nadie lo sabe”, advirtió.

Por Juan Manuel Fernández