La tan mentada y necesaria previsibilidad para producir choca, a veces, con las urgencias de la realidad macroeconómica. Lo demostró el Ministerio de Energía esta semana cuando decidió aumentar el costo de las naftas (7%) y el gasoil (6%).

A]unque los especialistas en energía preveían un incremento en la revisión trimestral del precio de los combustibles que realiza el Gobierno, al campo lo sorprendió la magnitud de la suba.

No fue casual que hasta el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, muy cercano con las políticas del Gobierno, le pusiera cifras a la magnitud del incremento. “Representa 3600 millones de pesos más para el campo”, dijo y explicó que los productores argentinos necesitan, como mínimo, equiparar sus costos con el de sus competidores. Una fórmula que el ruralista también recomienda utilizar para los impuestos y la infraestructura.

En un tono más crítico se expresó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa. “Es un castigo, sobre todo para las zonas inundadas”, azuzó el pampeano sobre el aumento de los combustibles.

En el Ministerio de Agroindustria estuvieron a punto de responder públicamente a los ruralistas y prepararon algunos números que dicen que, por la suba de los precios internacionales de los granos y la devaluación del peso de las últimas semanas, la suba en el gasoil estaría licuada. Prefirieron no difundirlos. Con un grado de más de libertad política, el diputado de Pro y productor agropecuario, Pablo Torello, dijo que no estaba de acuerdo con la queja de los ruralistas. El aumento, añadió, se compensa holgadamente “por la suba de los cereales, la soja y el dólar”.

Con buena parte del maíz por levantar y el 72,7% del trigo sembrado, según las estimaciones de la Bolsa de Cereales Buenos Aires, el aumento no es la mejor noticia que los productores pudieron haber recibido. La próxima revisión del precio de los combustibles será en octubre, mes crítico por las elecciones legislativas. El Ministerio de Energía utiliza una fórmula que combina el tipo de cambio, el valor internacional del crudo y la cotización de los biocombustibles, entre otros componentes. En abril pasado, esa fórmula dio que el gasoil debía bajar 2,6%. Si vuelve a ocurrir lo mismo en octubre próximo acaso estaremos frente a un milagro económico.

Previsibilidad también es la que se necesita para exportar. En este caso fue mejor recibida la noticia de que el Mercosur está por firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Tras 18 años de conversaciones y contramarchas el tratado no sería tan ambicioso como se lo pensó alguna vez, a mediados de la década de los años 90, cuando la globalización no les provocaba urticaria a los gobiernos y a la sociedad civil.

“Es más probable que tenga una duración de cinco años, con un aumento de las cuotas de exportación por productos para el Mercosur menor al estimado en un comienzo”, explica Gustavo Idígoras, profesor de Agronegocios de la Fauba. “Si se esperaban 350.000 toneladas de cuota para exportar carne del Mercosur es probable que se llegue a firmar por 100.000 toneladas”, agrega. Ahora, los países del Mercosur y los líderes de la Unión Europea coinciden en que se necesita dar una señal de apertura comercial frente al creciente proteccionismo de Estados Unidos. Aunque modestos, todos los porotos suman.

Quienes además de previsibilidad necesitan medidas que los saquen de una situación difícil son los avicultores. El martes pasado se celebró el Día de la Avicultura y el presidente de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, describió a situación de la actividad como la de una “tormenta perfecta”. Sobreoferta de pollos y huevos, suba de la oferta de carne de cerdo y bovina, costos elevados en dólares (un 20% más que en 2016) y un mercado internacional estable son algunos de los factores, que, según los industriales avícolas les están oscureciendo el panorama.

Las soluciones no son sencillas y algunas se demoran más de la cuenta. El Gobierno les otorgó a comienzos de año un reintegro para las exportaciones de 4% más un 1% por un año que se anunció en enero, pero que todavía no se hizo efectivo. El cálculo que habían hecho, aceptado por el Gobierno, había arrojado que la devolución de impuestos que no se pueden exportar alcanzaba el 8,4 por ciento. Sin arreglo a corto plazo, dice Domenech, la decisión de la industria “es achicarse”. Un escenario al que no quieren llegar.

Por Cristian Mira