Imputaron a un abogado y cuatro personas por ocupación ilegítima de la estancia El Carmen. El letrado fue sindicado como el jefe. Además, hay una abogada acusada de ser la organizadora. Las otras tres personas serían peones rurales.

Una herencia estimada en 14 millones de dólares, cuyo dueño fue el ganador del Premio Nobel de la Paz Carlos Saavedra Lamas, es hoy eje de un expediente que la justicia santafecina deberá resolver, quizás el año próximo.

Saavedra Lamas fue el primer latinoamericano en obtener el Premio Nobel de la Paz en 1936, por sus gestiones para detener la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Su único hijo, Carlos Roque Saavedra Sáenz Peña, no tuvo herederos forzosos y al morir, en marzo de 2011, decidió donar sus bienes a la Fundación Vida Silvestre, según lo expresado en su testamento. En el documento, sostuvo su voluntad de otorgar a la ONG ecologista una serie de bienes muebles e inmuebles que integraban su patrimonio, entre ellos la estancia El Carmen, de 2500 hectáreas y 1400 cabezas de ganado en ese momento, situada en jurisdicción de San Mariano, departamento Las Colonias, a 73 kilómetros al oeste de esta capital. En total, según la estimación actual, se trató de una herencia de 14 millones de dólares.

La investigación se inició en julio de 2014 en la Unidad Fiscal de Esperanza –cabecera de Las Colonias– y luego fue derivada a la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del Ministerio Publico de la Acusación (MPA) de Santa Fe. Tres años antes, había fallecido el hijo de Saavedra Lamas y testado que El Carmen debía ser vendida y el dinero resultante, entregado a la Fundación Vida Silvestre para proyectos de conservación de la naturaleza. Sin embargo, esto nunca pudo concretarse y derivó en una denuncia judicial.

La Justicia se llevó una sorpresa cuando el albacea de la sucesión se disponía a entregar al comprador la posesión del inmueble: un empleado del establecimiento, Hugo Aníbal Gómez, le impidió su ingreso de manera violenta, manifestando ser el dueño. La investigación estableció que existen recibos de sueldo que constatan que trabajó para Saavedra.

Sus abogados –Raúl Antonio Freyre Iturraspe y su prima María del Corazón de Jesús Iturraspe Freyre– iniciaron una causa por usucapión, es decir, alegaron que Gómez tenía derechos de dominio por haber residido allí durante más de 20 años. Fue el segundo intento, ya que habían desistido en una primera instancia. También solicitaron al Senasa el ingreso en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), medida que le hubiera permitido apropiarse ilegalmente del ganado. El organismo rechazó dicha solicitud, ya que Gómez no reunía los requisitos legales correspondientes para tal fin.

Se supo además que Gómez remarcó animales que eran propiedad de Saavedra Lamas y que existe un faltante importante de vacunos. Por estos hechos, la sucesión denunció a Gómez y Freyre Iturraspe por robo y abigeato calificado. A esto se sumó un contrato ilegal que firmó Claudia Olmos, cónyuge de Gómez, quien alegó ser la propietaria y arrendó una fracción de la estancia El Carmen. El matrimonio aún vive en el inmueble.

La Fundación Vida Silvestre también denunció a Gómez por usurpación en una causa que también involucra a Olmos.

La estancia debe su nombre a Carmen Zabaleta, esposa de Mariano Saavedra, hijo del presidente de la Primera Junta patria, Cornelio Saavedra. Aquel compró las tierras en 1857 y en 1863 construyó el edificio de arquitectura colonial.

Una larga serie de delitos

Néstor Oroño, uno de los abogados querellantes, confirmó que “los delitos en investigación están relacionados con estafas procesales, abigeato, usurpación y presunto lavado de activo. Este campo, de unas 2500 hectáreas, y todo lo allí existente son parte de una fenomenal controversia judicial que involucra al último peón rural que quedó en la estancia, su familia y una reconocida ONG ambientalista, Vida Silvestre”, subrayó.

La causa desembocó esta semana en una serie de allanamientos en la provincia dispuesta por las fiscales Bárbara Ilera, Laura Urquiza y Mariela Jiménez del MPA. Tres operativos fueron en la ciudad de Santa Fe; otros tres, en la localidad de San Mariano; uno, en la localidad de San Carlos Centro, y el restante, en la vivienda de un abogado en el Club de Campo El Paso, a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario.

Imputaciones

Cinco personas fueron imputadas por integrar una asociación ilícita cuyo objetivo era darle apariencia legal a la ocupación ilegítima de la estancia El Carmen, ubicada en la localidad de San Mariano (departamento Las Colonias). Entre los imputados, hay un abogado cuyas iniciales son R. A. F. I. y una abogada de iniciales M. C. I. F. de la ciudad de Santa Fe, a quienes se investiga como jefe y organizadora, respectivamente, de la organización criminal. Por su parte, las otras tres personas investigadas son un hombre de 53 años cuyas iniciales son H. A. G., una mujer de 45 años de iniciales C. A. O. y el hijo de ambos de 19 años e iniciales J. M. G., a quienes se les atribuyó ser miembros de la asociación ilícita.

La atribución delictiva fue realizada ayer a la tarde por las fiscales Bárbara Ilera y María Laura Urquiza en la sede de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.

Agro y ganado

“En reiteradas ocasiones, los miembros de la asociación ilícita alquilaron a terceros parcelas de la estancia como si hubiera sido suya”, manifestó Ilera. “Los ocupantes suscribieron contratos con personas físicas y jurídicas interesadas en la explotación agrícola del terreno”, sostuvo.

Por otro lado, explicitó que “la organización delictiva se apoderó ilegítimamente de 1.387 cabezas de ganado que tenían marcas y señales registradas que fueron alteradas y suprimidas”.

A su vez, la representante del MPA contó que “antes de usurpar el lugar, el hombre imputado como miembro de la asociación ilícita trabajaba como encargado de la crianza y el cuidado de los animales”, y destacó que “entre noviembre de 2015 y mayo de 2018 la mujer imputada como integrante de la organización fue designada como depositaria judicial de vacunos embargados y violó su deber de custodia”.

Ilera informó que “a fines de 2019, el abogado investigado como jefe y los tres miembros de la asociación ilícita constituyeron un fideicomiso de administración por el uso, el goce y los frutos de las fracciones del establecimiento rural”, e indicó que “designaron como beneficiarios al abogado, y al hombre y a la mujer que ocupan El Carmen”.

La fiscal aclaró que “la participación de la abogada en la asociación ilícita fue hasta junio de 2018, razón por la cual no es parte del fideicomiso”.

Por José E. Bordón