El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, desestimó un recurso de la Sociedad Rural local en contra de los derechos de exportación; para los productores, el magistrado no se pronunció sobre la cuestión de la constitucionalidad.

Un juez de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, rechazó un amparo de la Sociedad Rural de esa ciudad en contra de las retenciones.

Luego de que el Gobierno perdiera las facultades delegadas en materia de retenciones, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Rural de Jesús María hicieron una presentación cuestionando la legalidad de la continuidad del cobro de los derechos de exportación en los tribunales federales de la ciudad de Córdoba.

En tanto, la Sociedad Rural de Río Cuarto recurrió a una acción de amparo ante los tribunales federales de esta ciudad. Quien tomó esa petición fue el juez federal Carlos Arturo Ochoa, que hoy rechazó el amparo de esta entidad en particular.

Según indicaron fuentes de la Rural de Río Cuarto a este medio, el juez no se pronunció sobre la cuestión de fondo sobre si está bien que el Estado continúe con el cobro de los derechos de exportación, sino que señaló que no corresponde a esta entidad hacer la presentación colectiva, ya que no sería la afectada directa.

Con esta medida, en el sector interpretan que dio a entender que la medida la debería cursar un productor. Apuntó a la cuestión colectiva, sobre la cual la organización no tendría legitimación, para dirigirla hacia el tema individual de la afectación de cada productor. “Rechazó la solicitud (del amparo), pero la pregunta era saber si es constitucional o no el cobro”, señaló a LA NACION David Tonello, presidente de la Rural local. “Tendremos que rever la presentación o si la hace un productor”, agregó el dirigente, que en su cuenta de Twitter expresó apenas se conoció la medida: “No vamos a aflojar por que consideramos que es nuestro derecho que la Justicia se exprese”.

Como se mencionó, por su parte la SRA tiene realizada una presentación propia con la Rural de Jesús María en los tribunales federales de Córdoba. En este sentido, la entidad que preside Nicolás Pino señaló que su demanda “será ampliada en las próximas horas luego del decreto que modificó las alícuotas del impuesto”.

Hace dos semanas, el Gobierno subió los derechos de exportación a la harina y el aceite de soja de 31 a 33%. Lo hizo para crear el Fondo Estabilizador del Trigo y recaudar entre 370 y US$400 millones con foco en usar ese dinero en subsidiar la harina de trigo que llega a las panaderías. El objetivo oficial es que la bolsa de 25 kilos no supere los 1150 pesos luego de que superar los 2000 apenas se desató la invasión de Rusia a Ucrania, países que representan el 28,5% del comercial global del cereal.

La causa que inició la SRA “no tuvo ninguna noticia en las últimas horas y sigue vigente el proceso judicial por la ilegalidad e inconstitucionalidad de las retenciones”, apuntó la organización. En esa línea, destacó que hará una ampliación de la presentación.

Según el artículo 75 de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso establecer los derechos de importación y exportación. Para el campo, esa definición es contundente y el Gobierno, después que no se aprobara el presupuesto de 2022, que preveía una extensión de la facultad delegada hasta 2024, hoy no tiene potestad para seguir con el cobro.

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las cadenas agroindustriales aportarán este año por retenciones US$11.320 millones, un incremento del 25% versus 2021.

Por Fernando Bertello