Diputados discute en comisiones una iniciativa del radical Mascheroni para igualar a los usuarios de Assa y cooperativas con los de municipios o comunas.

La Comisión de Asuntos Comunales de Diputados discutirá en su reunión semanal convocada para este miércoles un proyecto del radical Santiago Mascheroni donde pide al Poder Ejecutivo que modifique un decreto del año 1999 e incluya a usuarios de servicios de agua y cloacas prestados por municipios o comunas entre los beneficiarios de tarifas sociales y que sea el Estado, a través de Rentas Generales, el que se haga cargo del concepto. El expediente tiene además pedido de tratamiento preferencial para la sesión del jueves.

Si bien Assa es la que tiene mayor cantidad de usuarios de agua y cloacas, apenas presta servicios en 16 ciudades mientras que el resto del territorio santafesino tiene como prestadores a cooperativas, comunas o en algunas pocos casos a municipios.

El proyecto presentado por Mascheroni tiene seis puntos: la modificación del decreto 2.141 del año 1999 que estableció un sistema de asistencia a usuarios de servicios públicos “que como consecuencia de situaciones socioeconómicas o especiales particulares graves, permanentes o transitorias, no se encuentren en condiciones de afrontar el pago de la tarifa que correspondan a dichos servicios”; requisitos para acceder al beneficio; forma de eximición del pago de tarifa; pasar a un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social la presidencia de Comisión de Asistencia al Usuario creada por dicho decreto; que la provincia se haga cargo de las compensaciones a los prestadores y por último que sea la Comisión la que acuerde con municipios y comunas el procedimiento de presentación y elevación de solicitudes de acogimiento al régimen de subsidios.

El decreto de 1999 determinó que la Comisión de Asistencia al Usuario era presidida por un representante del entonces Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda e invitaba a municipios y comunas a adherir al régimen de casos sociales. Dispuso además que “las compensaciones que correspondan efectuar a los prestadores de los servicios, serán atendidas con recursos que provengan del régimen de ahorro de aportes patronales y/o por compensaciones de impuestos que los prestadores deban abonar a la provincia y/o con aportes de rentas generales y/o de todo otro ingreso que ocurra a tal fin”. En ese momento, el prestador central era un concesionario privado.

Las razones del subsidio

Mascheroni menciona que el decreto de 1999 excluyó del beneficio a usuarios de municipios y comunas. Recordó que según la ley de concesión del servicio, la 11.220, “el subsidio o la exención, que deben ser explícitos, corren por cuenta de quien lo dispone, lo que en la práctica llevó a que por falta de recursos específicos de los prestadores referidos, el beneficio quedó circunscripto a las ciudades asistidas por la empresa provincial”. Observa que ciudadanos que padecen la misma debilidad social, no tienen beneficios en gran parte de la provincia.

“El proyecto intenta lograr que por decreto del Poder Ejecutivo, legalmente habilitado en el marco regulatorio vigente, se repare esta situación, que creemos injusta, respecto de quienes no están contemplados dentro del régimen de beneficio y no pueden afrontar el pago de la tarifa de los servicios sanitarios prestados por su situación de debilidad socioeconómica” explicó Mascheroni.

Sostiene que “el mecanismo propuesto como subsidio al consumo, es el más eficaz y de inmediata implementación, habida cuenta de una larga experiencia desde la implementación de los denominados ‘casos sociales’, atento que subsidiar la oferta o el déficit operacional o tarifario del prestador genera situaciones de inequidad y no soluciona el problema puntual de quien por situación de carencia no puede afrontar el costo del servicio”.

Por Mario Cáffaro