Esta semana autoridades de la comuna local y de la provincia sellaron un acuerdo para afianzar los servicios locales de promoción y protección de derechos, con el grupo interdisciplinario de Felicia.

Esta semana la subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia formalizó convenios para la ejecución y continuidad de programas con 227 municipios y comunas de distintas localidades de la provincia.

Los acuerdos se enmarcan en la Ley provincial Nº 12.967, que adhiere a la Ley Nacional Nº 26.061, y establece la creación de los llamados “Servicios locales de promoción y protección de derechos”.

Se trata de unidades técnico operativas con una o más sedes, destinadas a facilitar que las niñas, niños y adolescentes que tengan amenazados o violados sus derechos, puedan acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad, funcionando en el ámbito de municipios y comunas de la provincia.

Corresponde a este nivel intervenir ante la urgencia y en todas las situaciones de amenaza o vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes, así como también desarrollar programas y actividades de promoción de derechos.

De la actividad participó la presidenta comunal Fernanda Bó Mora, quien firmó la renovación del convenio que da continuidad a las funciones que desarrolla el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.

La normativa establece que “las autoridades administrativas de promoción y protección de derechos del ámbito local son las áreas responsables de desarrollar planes y programas de promoción y protección de derechos de la Niñez, en el ámbito territorial de los municipios y comunas de la provincia”.

Por ello, fija que en cada municipio y comuna, la autoridad de aplicación será la encargada de establecer órganos descentralizados denominados Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, los cuales pueden depender de la provincia o de gestiones conjuntas a partir de la celebración de convenios con municipalidades o comunas.

A partir del año 2016, la iniciativa se reformula a los fines de obtener un abordaje integral de las situaciones de vulnerabilidad y violación de derechos fundamentales que atraviesan a los diversos colectivos, como niñas, niños, adolescentes, mujeres y otros grupos en los ámbitos locales.