Si alguien pensaba que con la devaluación, la baja de los derechos de exportación y la eliminación de los ROE iba a estar todo solucionado, se equivocó en el diagnóstico. El ánimo es diferente, pero hay soluciones que no son mágicas. Salvo para los que creen que ahora “el campo es el nuevo privilegiado del modelo”.

No hay duda de que es un muy buen comienzo porque se quebró una tendencia que llevaba a la mayor parte de las empresas agropecuarias a una zona de desastre.

El ánimo es diferente, pero hay soluciones que no son mágicas. Salvo para los que creen que ahora “el campo es el nuevo privilegiado del modelo”. Es curioso, la decisión de reducir retenciones en algunos cultivos se la considera como un regalo de la administración que asumió el 10 de diciembre pasado. Quienes utilizan este argumento omiten el carácter distorsivo de los derechos de exportación, olvidan también que el gobierno de los Kirchner recaudó unos 80.000 millones de dólares por estos tributos y que no retornaron en una mejor calidad de las prestaciones del Estado a los ciudadanos.

Y esto comprende a las escasísimas obras que se hicieron con el Fondo Sojero que se instrumentó a partir de 2008. Esto fue apenas una migaja, si se lo compara con el aporte originado en las provincias.

Una evidencia de que las soluciones no son mágicas es que persisten las diferencias entre el FAS Teórico y el precio real que se paga por el trigo y el girasol. Un informe de la consultora Zorraquín/Meneses indicó que las diferencias rondan los 10 dólares para el trigo y los 25 dólares para el girasol. Sobre este tema, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, dijo que el Gobierno no intervendrá en el mercado. “No vamos hacer como Moreno (Guillermo, ex secretario de Comercio) que levantaba el teléfono para apretar a los exportadores”, señaló. Aunque aclaró que el Gobierno estaba observando el tema, consideró que no era correcto exigir, por un lado, el respeto por el libre mercado y, por otro, exigir la intervención del Estado. Para Agroindustria, hay un “problema de calidad” y un mercado que todavía no tiene volumen.

La otra evidencia de que los problemas por resolver son numerosos la dio la rapidez con que la industria agroalimentaria se organizó para proponer su agenda de trabajo. Esto ocurrió el martes pasado en un almuerzo que organizó la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) en su propia sede con el secretario de Agricultura, Ricardo Negri (h.), el de Agregado de Valor, Néstor Roulet y otros funcionarios de Agroindustria.

El abanico de temas fue amplio: desde los impositivos, la agenda de comercio internacional, la devolución de reintegros, el agregado de valor y la competitividad sectorial. Por Copal fueron representantes de las industrias cárnicas (vacuna, aviar, porcina, avícola y pesquera) y de compañías de consumo masivo. “Es bueno que comencemos a trabajar con el Gobierno desde un principio”, dijo Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal.

Resulta claro que la industria de la alimentación tiene un plan y una hoja de ruta para llevar adelante con la actual administración.¿Sucede lo mismo con la producción? A juzgar por el tipo de reuniones que mantuvo hasta ahora la dirigencia rural con Agroindustria no es lo que parece. Y no es que se trate de un ministerio que tenga las puertas cerradas al diálogo o que, hasta el momento, se niegue a recibir a un determinado dirigente. Hay un vacío que lo están llenando otros. Y eso, en política, tiene consecuencias.

En Agroindustria están trabajando en un diagnóstico sobre las cadenas de valor. Uno de tipo horizontal, sobre las medidas que son comunes a todos los sectores, y otro vertical, con la característica de cada uno de los segmentos. Según Roulet eso llevará entre uno y dos meses. Si una vez que se realicen estos diagnósticos la producción no llegara a tener incidencia en las soluciones a instrumentar, hay riesgos de que se profundicen los problemas. Entre ellos, por ejemplo, las enormes brechas que existen entre el precio final que pagan los consumidores y lo que perciben los productores.

Con problemas macroeconómicos por resolver (inflación, deuda y déficit fiscal) y una situación política compleja, pero con un gobierno que tiene una visión positiva sobre la actividad, el ruralismo está en la disyuntiva de apelar a la vieja receta de la queja permanente o trabajar unido para bregar por las soluciones que hacen falta.

Por Cristian Mira