Hace unas semanas se reavivó al monstruo voraz con la suspensión de la rebaja de retenciones a la harina y al poroto de soja por seis meses. Parece que no alcanzó. Y ese monstruo no solo quiere soja, también quiere alimentarse con trigo y maíz.

Los argumentos de quienes impulsan esa suba son los clásicos: que con una devaluación brusca el sector aumenta sus ingresos en pesos, que hay que responder a las necesidades sociales y que se necesita asegurar el equilibrio fiscal. Por el momento se desconoce si hay, al menos alguna vez en la historia económica argentina, una idea diferente que no sea defender un tributo claramente distorsivo. Ni siquiera se discute un bono, un pago a cuenta de otros impuestos o una suerte de préstamo.

El riesgo que no ven quienes toman las decisiones económicas es que la suba de las retenciones rara vez es temporaria. Y que, al final, terminan desincentivando la producción. Después de la devaluación viene el aumento de la inflación y la mejora de la competitividad que se había ganado al principio se termina perdiendo. Cuando llega ese momento, y el campo está otra vez con la soga al cuello porque depende de otros factores como los mercados internacionales o el clima, las retenciones no vuelven a bajar. No hay que irse muy lejos en el tiempo: en la crisis de 2002 se dijo que las retenciones subían en forma temporaria al 20% por la emergencia social.

Era un argumento irrebatible en aquel momento. Sin embargo, pese a que en años posteriores el país creció a “tasas chinas”, los derechos de exportación no solo no bajaron sino que subieron. Ahora hay un Gobierno que sostiene conceptualmente que las retenciones son un mal impuesto. Y aunque no cumplió con su promesa de campaña electoral en el caso de la soja, las bajó y no solo debió enfrentar las críticas de la oposición sino que recibió el “fuego amigo” de sus socios electorales. Con la crisis no parece que pueda soportar un nuevo embate.

Lo curioso de subir las retenciones y poner en riesgo al campo es que el país necesita generar dólares genuinos por la producción de bienes y servicios. La actividad que más rápidamente responde cuando se quitan las distorsiones es la agricultura. En cambio, otros sectores necesitan de más tiempo para que maduren las inversiones o, en el peor de los casos, tienen dificultades estructurales para exportar. Los doce años de “industrialización con matriz diversificada” no cambiaron ese escenario.

Esa dinámica del campo por lanzarse hacia adelante se advierte en que aun después de la feroz sequía que castigó a la campaña granos gruesos 2017/18, con la pérdida de casi 30 millones de toneladas, las estimaciones para el próximo ciclo dan cuenta de un volumen por 130 millones de toneladas con la posibilidad de generar divisas
por 25.000 millones de dólares para 2019. El otro costado que no se toma en cuenta cuando se propone subir las retenciones es el del mercado internacional de granos. Estados Unidos se encamina a una cosecha récord de soja por las muy buenas condiciones climáticas. Washington, además, dispuso un paquete de ayuda por US$ 3700 millones para los productores de soja, afectados por el aumento del 25% que fijó China al arancel de importación de la
oleaginosa originada en EE.UU. Ambos factores son bajistas para los precios.

En otras palabras, el pastel al que el Gobierno se propone hincarle el diente puede llegar a ser más chico que lo imaginado. Las viejas recetas ya se probaron. Alguna vez habrá que intentar algo diferente para no ponerle un freno a una actividad que es competitiva a nivel mundial. La dinámica de los acontecimientos no permite asegurar que este sea el caso.

Por Cristian Mira