Crece el rechazo de las entidades ligadas al agro al proyecto de ley que ya recibió media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia que incrementa los impuestos sobre los Ingresos Brutos y el Inmobiliario (para las empresas agroexportadoras contempla una suba del 300%), además de la comercialización de productos agrícolas y la actividad financiera.

Las bolsas de Santa Fe y de Rosario cruzaron fuerte la iniciativa. En igual dirección se pronunciaron en las últimas horas la Sociedad Rural de Rosario, la de Reconquista y el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (Corenosa), entre otras instituciones.

La Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF) enumeró los argumentos para rechazar el proyecto. Para lo que resta de 2018, los recursos que dejarán de percibir las provincias vía coparticipación del Fondo Federal Solidario serán compensados a través de la implementación del Programa de Asistencia Financiera para Provincias y Municipios.

En tanto, a partir de 2019 se espera que la mayor recaudación originada por la disminución de los reintegros a la exportación genere mayores fondos a ser distribuidos entre las provincias. Por otra parte, sobre los subsidios al transporte dijo que es un tema que está siendo debatido a nivel nacional.

Recientemente la Bolsa de Comercio de Rosario dijo que “que esta nueva carga tributaria recaerá sin dudas sobre las espaldas de los productores agropecuarios”.

“Sufrirán una disminución de los precios que reciben por su producción, un incremento en el precio de compra de los insumos necesarios para la implantación de los cultivos y un aumento de los costos de acondicionamiento de los granos que comercializa a través de acopios”, aseguró.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), su presidente, Gustavo Idígoras, apuntó en declaraciones a la prensa: “Nosotros no somos el tesoro de la Nación ni de la provincia de Santa Fe. Estamos en un contexto en el que los márgenes de la molienda son negativos. Recordemos que el gobierno nacional nos ha penalizado con los derechos de exportación, por lo que la provincia no va a lograr recaudar más por esta vía, sino que va a destruir empleo”.

El proyecto aprobado La iniciativa que se aprobó el jueves pasado en la Cámara Baja de la Legislatura santafesina fue impulsada por los diputados de distintos partidos, menos los de Cambiemos. El socialista Rubén Galassi y el peronista Luis Rubeo fueron los promotores. Apunta a un incremento de la alícuota diferencial de Ingresos Brutos para la actividad de comercio al por mayor y menor de agroquímicos, semillas y fertilizantes, y la implementación de una alícuota del 1% cuando “la actividad de comercialización de cereales, forrajeras, oleaginosas y cualquier otro producto agrícola sea efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos y sean contribuyentes y/o responsables cuyos Ingresos Brutos superen los $ 289.300.000”.

Busca recaudar en 2019 unos 700 millones de pesos que se repartirían el sistema urbano e interurbano de pasajeros. Es que estos servicios se tornarán aún más deficitarios que en la actualidad cuando el gobierno nacional aplique el presupuesto 2019, que prevé quitarle subsidios al rubro y perjudicar a las provincias. “Estas medidas tributarias van a generar recursos para que Santa Fe pueda ayudar a municipios y comunas”, celebró Galassi.

Por José E. Bordón