Luego del anuncio sorpresivo aclaran que el proceso de convocatoria de acreedores seguirá su cauce normal.

El 5 de diciembre de 2019 Vicentin anunció el inicio de un proceso de reestructuración de pagos citando una situación de “estrés financiero”.

La compañía agroindustrial argentina con 90 años de trayectoria en el país y que en 2019 se posicionó como la sexta exportadora de granos y subproductos entró desde entonces en un largo proceso que derivó en la intervención del Gobierno y una posible expropiación.

Rumores de intervención

Esta trama incluye un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que comenzó a mediados de enero y la apertura del proceso de convocatoria de acreedores en marzo.

En el medio, el coronavirus trastocó la agenda del concurso y el Juzgado a cargo determinó una reprogramación de los plazos para la mega convocatoria.

Sobre finales de enero, el presidente Alberto Fernández se refirió a la posibilidad de una intervención sobre Vicentin: “El Banco Nación otorgó un crédito por encima de lo que objetivamente podía hacerlo, y la empresa tomó un crédito por encima de lo que podía pagar”.

“Vamos a ver, nadie quiere que la fuente de trabajo se cierre”, declaró por ese entonces ante la consulta de estatización.

El monto total de la deuda de Vicentin está cercano a los 100.000 millones de pesos, de los cuales un 64 % corresponde a deudas financieras (en especial con el Banco Nación) y un 26 % a productores y cooperativas por la compra de granos.

A principios de junio hubo una carta de legisladores, dirigentes gremiales y el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, pidiendo la estatización de la empresa agroindustrial apuntando contra el “fraude consumado por Vicentin” que, según los firmantes, “incluye el uso irregular del crédito público y la expresa comisión de delitos de evasión tributaria, fuga de divisas y lavado de activos a través de sus empresas vinculadas en Paraguay, Uruguay y Panamá”.

Anuncio del Gobierno

La conferencia de prensa fue sorpresiva y el presidente finalmente anunció el 8 de junio la intervención de Vicentin a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y un proyecto de Ley para tratar en el Congreso la expropiación de los activos de la empresa.

Según argumentan desde Casa Rosada, el objetivo es rescatar a la empresa, cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos.

El proyecto de ley busca declarar a Vicentin de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta.

El interventor designado por el Estado Nacional es Gabriel Delgado, “un experto en temas agropecuarios” según lo calificó el mandatario, que fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad del CEMA y economista del INTA.

El Gobierno aclaró que el proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá su cauce normal.

La empresa que se busca estatizar, de acuerdo a Casa Rosada, cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

Tras el anuncio, el Directorio de Vicentin destacó “los activos de la empresa son muy importantes y están intactos” y señaló que están haciendo consultas para entender la magnitud y las características del anuncio del Gobierno.

La oposición manifestó que la intervención del Grupo Vicentin es “ilegal e inconstitucional”. “Desautoriza al Congreso y al Poder Judicial y da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario”, señalan desde Juntos por el Cambio.

El sector exportador considera que es importante que el Estado garantice el empleo en este contexto económico y social, dando tranquilidad a más de 2000 familias que trabajen en Vicentín: “También genera confianza en miles de productores, que ahora tendrán la garantía del Estado”.

De igual manera, aclaran que “la soberanía alimentaria en este sector siempre estuvo garantizada, dado que la producción de soja y girasol la realizan más de 77 mil productores agropecuarios argentinos” y explican que “se hizo público el interés de varias empresas para adquirir sus bienes en estos últimos meses”.

Este desenlace de la intervención está ahora cargado de incertidumbre sobre cómo será el proceso a través del cuál el Gobierno intentará quedarse con una de las principales empresas procesadoras de granos del mundo.

Por Nicolás Degano