En medio de los rumores instalados desde el propio Gobierno para promover la venta del remanente de la última cosecha en virtud de engordar las famélicas reservas del Banco Central, se publica el informe FADA que da cuenta de lo que el Estado le saca vía impuestos y retenciones a la renta agrícola.

Por un lado, se impone un relato en base a discursos y trascendidos en torno a una eventual baja de retenciones para la soja (hoy en el 33%) que se anunciaría esta semana o la próxima, a fin de mejorar las condiciones comerciales que puedan tentar a los productores a desprenderse de la mercadería acopiada. También se habla de la creación de un bono atado a las variaciones del mercado que permita saldar impuestos a futuro. Cualquiera sea la forma, según medios especializados en economía, estas medidas serían temporarias.

Es que las reservas del Banco Central están raquíticas y según la Fundación Libertad y Progreso, sólo 1.100 millones de dólares son de rápida disponibilidad, una cifra ridícula para un país agroexportador como Argentina.

Por el otro, la realidad: un Gobierno que desde que asumió no hizo otra cosa que castigar a los sectores productivos con mayor carga tributaria y aumento de retenciones, sin siquiera cumplir con la promesa de devolverle algo a los pequeños productores. Con un cepo cambiario devastador para el comercio internacional que le da al productor $54 por cada dólar exportado, mientras que los insumos que se necesitan para producir una tonelada de soja, cotizan a un dólar de valor superior en el mercado oficial, y que en el peor de los casos (blue) se calcula en $147.

Hoy la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) da a conocer su medición trimestral sobre cuánto de la renta agrícola (ingresos menos costos) queda en manos del Estado: “62%, o dicho en otras palabras, de cada $100 de renta, $62 no son para el productor, sino que son impuestos nacionales, provinciales y municipales”. Incluso para la vilipendiada soja, el porcentaje de pillaje es mayor: 66,6%.

Por eso cabe suponer que cualquier medida que el Gobierno tenga en mente para “incentivar” al sector sojero, deberá ser más que generosa y convincente, si es que pretende conseguir un mínimo de adhesión.

Por Gustavo Gigena | Nuestro Agro