No puede sorprender a nadie que el juez subrogante Raúl D. Flores, a cargo de Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, Entre Ríos, no solamente haya desestimado el pedido de desalojo de los usurpadores del establecimiento agropecuario perteneciente a Las Margaritas S.A., sino que además haya prohibido a los socios de esa firma acercarse al campo.

El derecho a la propiedad privada en la Argentina –tal como vienen denunciando hace tiempo los integrantes de la ONG Propietarios Usurpados– es una ficción, dado que, ante una usurpación el sistema judicial no sólo no protege los derechos de la víctima, sino que además se encarga de custodiar la situación de los ocupantes para transformarlos así en los nuevos propietarios de facto de los bienes inmuebles.

Esa es una de las razones –entre muchas otras– por las cuales Argentina figura en el puesto 149 del ranking de libertad económica elaborado por The Heritage Foundation, justo por detrás de Guinea-Bissau (148) y Zambia (147).

Tampoco es novedad la usurpación de campos. El último episodio relevante al respecto ocurrió entre 2004 y 2005, cuando una red delictiva integrada por matones, abogados, escribanos y, en algunas situaciones, incluso por personal policial, usurpó decenas de campos bonaerenses.

Si bien los funcionarios judiciales, tal como ahora, tampoco protegieron a los propietarios, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, ordenó a su ministro de Seguridad, León Arslanián, que solucionara el asunto. Así fue como se creó la Comisión Investigadora de Usurpaciones en Áreas Rurales (CIUAR), por medio de la cual, además de investigar el modus operandi de las maniobras llevadas a cabo por los delincuentes, logró restituir los campos a sus legítimos propietarios, incluso llegando a contratar  abogados especialistas en derecho real para realizar estudios de los títulos de propiedad de los campos usurpados.

La novedad del caso Etchevehere reside en que la usurpación está avalada por funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. Tampoco es fortuito el hecho de que el aparato comunicacional del “Proyecto Artigas”, la agrupación ocupante del campo entrerriano, pertenezca a una empleada del área de comunicación un municipio oficialista.

“Fallo favorable a Dolores Etchevehere: se garantizó el acceso a la Justicia con perspectiva de género”, declaró Gabriela Carpinetti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, al conocer la decisión del juez Raúl D. Flores.

“Una mujer reclama ante la Justicia los derechos que le consagra su herencia familiar. Esto significa que recurre al ámbito apropiado, el único donde deben debatirse los conflictos que pueden suscitar este tipo de diferencias”, señaló Victoria Donda Pérez, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en referencia a Dolores Etchevehere, integrante del “Proyecto Artigas”.

Frente al silencio (¿cómplice?) del resto de los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo (ya damos por hecho que el Judicial no tiene compromiso alguno con el derecho a la propiedad), no es extraño que el sector privado en general y el agroindustrial en particular (especialmente luego del intento de expropiar Vicentin SAIC), tema que el caso Etchevehere pueda transformarse en el primero de muchos para dar inicio formal a una política bolivariana de redistribución de la riqueza.

Tampoco puede genera sorpresa que, luego de enviar al exterior durante el gobierno anterior la mayor parte del capital transferible, ahora muchos empresarios, tanto conocidos como anónimos, se muden a Uruguay (47 en el ranking de The Heritage Foundation), pues tal condición es necesaria para acceder a la residencia fiscal en una nación que cobra impuestos para financiar gastos públicos. Y no que colectiviza la propiedad privada frente a la escasez de recursos para sostener una súper estructura burocrática.

Por Ezequiel Tambornini