Los productores pequeños y medianos de aceite de soja subrayan que no pueden esperar más. Les urge sostener el marco legal que les asegura mercado interno, con el corte obligatorio de biodiésel en el diesel y de bioetanol en las naftas.

Marcelo Kusznierz es el presidente de la firma Bioenergias SA e integra de la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe. Sabe que a la empresa que está a su cargo y a todo el sector del biodiésel santafesino le quedan apenas unos días para lograr “una solución política a un problema que es netamente político”, la renovación de la Ley Nacional 26.093 que le asegure mercado interno a los combustibles verdes, u otra nueva norma que permite ?como desde 2006- el desarrollo de una nueva industria.

 “Las Pymes santafesinas del sector del Biocombustible, particularmente biodiésel, ante el inminente vencimiento de la ley, que opera en el próximo mes de mayo, enfrentamos una enorme preocupación y, por eso, le reclamamos a todos los dirigentes y los funcionarios la mayor dedicación”, dijo.

 El empresario ?como sus pares del sector- toma nota de los dirigentes santafesinos que han tomado con seriedad el tema y de los que no. Destaca que con suficiente tiempo, en 2020 se había logrado la media sanción del Senado de la Nación para una ley de Prórroga, autoría de la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, que luego “se ha trabado en la Cámara de Diputados”.

Expresa que hay que mirar para adelante cuando se le consulta por el papel jugado por el gobierno provincial y comenta que “si hay voluntad política, tiene que haber una solución” en la Cámara de Diputados de la Nación.

Repite que Santa Fe “es la provincia más importante en la producción de biocombustibles ya que posee el 80 % de las firmas del país dedicadas a la producción de biodiésel a partir del aceite de soja”, se pregunta cómo es que aún no se ha logrado avanzar en una norma que cuide lo que se ha logrado, “a partir de una ley que fue impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner y que contó con el respaldo de todo el arco político del país”.

 La ley que regula la actividad “generó importantes inversiones que impactaron en ciudades y pueblos de baja o nula radicación industrial o agroindustrial hasta ese momento”. Los sumó al arco productivo que aprovecha los insumos locales primarios.

“Estos flujos de capital permitieron y permiten, dada la inversión permanente de excedentes, mejorar la cadena de valor sojera, ampliando y generando valor agregado como así también la instalación y mejora de la infraestructura de servicios de las locaciones de nuestras fábricas en esas localidades que de otra forma hubiesen tardado años en efectivizarse”.

El contador Kusznierz explica que “un ejemplo de ese desarrollo veloz y sostenible son las cooperativas eléctricas, el tendido de redes, el gas natural, los servicios de internet, los accesos a esas localidades que, como se puede observar, se produjeron al mismo tiempo que se consolidó el sector de los biocombustibles”.

“Tenemos una actividad industrial que, con hechos, moderniza la economía de la provincia y del país, genera empleo, desarrollo tecnológico con institutos y universidades, construcción, movimiento de suelos, metalúrgica, transporte y logística, y podríamos seguir enumerando” sobre los efectos multiplicadores de una radicación industrial en el interior del mapa de la bota.

“Las economías regionales de nuestra provincia no pueden esperar más, extrusoras, aceiteras incluso los municipios y comunas en las que nuestras empresas están arraigadas sufren y sufrirán en sus arcas cada vez más flacas nuestra falta de actividad. Esta industrialización de la ruralidad sabemos que genera, además, indiscutibles ventajas medioambientales y nuestro país ha suscripto convenios de sustentabilidad que ahora no puede ignorar”.

“Nuestra actividad -subraya- no puede están librada a los caprichos de un funcionario de turno, en realidad las de ninguna empresa o emprendimiento, sino debe convertirse en una política de Estado con reglas claras y horizontes definidos”, define.

Como empresas y entidades “venimos reclamando hace años una solución definitiva a los vaivenes del sector, originados fundamentalmente por la no publicación de precios por parte de la Secretaría de Energía de la Nación de las sucesivas administraciones, y su inexistente control y presión sobre las petroleras a la hora de obligarlas al cumplimiento de la ley en cuanto al corte obligatorio en los combustibles que se expenden en todas las estaciones de servicio de la Argentina, lo que pone de manifiesto el inmenso poder de lobby de estas empresas petroleras y de las provincias que las cobijan defendiendo sus intereses sectoriales”, alerta.

Desarrollo sostenible

“Nosotros no queremos una pelea entre provincias con distintos intereses, sino que apuntamos a la complementariedad, a la búsqueda de consensos y a un país integrado pero necesitamos que Santa Fe defienda su Industria y que la Nación haga cumplir la ley”.

Por Luis Rodrigo