En el comienzo de la cosecha de granos gruesos, el escenario climático, particularmente en algunas regiones de la zona agrícola núcleo, dio un giro de 180 grados respecto de lo que ocurrió en la campaña pasada.

La bomba de agua que cayó en pocas horas en zonas del sur de Santa Fe, como J.B. Molina, es un ejemplo de la intensidad del fenómeno Niño en marzo.

Las temperaturas extremas de la segunda quincena de otoño, que presagiaban una nueva caída de la producción, como en 2023, viraron en lluvias intensas que parecen ponerle un nuevo piso a la producción de soja y mantienen las proyecciones para el maíz. Según el informe mensual de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mediante su Guía Estratégica para el Agro (GEA), la cosecha de soja llegará a 50 millones de toneladas. La cifra representa unas 500.000 toneladas adicionales respecto de las proyectadas hace un mes. Para el maíz, calcula un volumen de 57 millones de toneladas.

Si la “producción está”, la incógnita se abre con la comercialización. Las ventas anticipadas de soja, por ejemplo, son las menores en una década (con excepción de la campaña pasada, afectada por la sequía). Esto, según explican los especialistas, ocurre por diversos factores. El principal es la estrategia del Gobierno con el tipo de cambio, que definió una devaluación de dos puntos porcentuales en el valor de la cotización oficial mientras que crecen las especulaciones sobre el fin del cepo.

Otro factor es la permanencia del ahora llamado “dólar blend” con el cual los exportadores liquidan las divisas: un 80% al tipo de cambio oficial y un 20% del contado con liquidación. Fueron los acopiadores quienes insistieron en advertir por la paralización de los contratos forward.

La Federación de Acopiadores le envió una carta al secretario de Agricultura, Fernando Vilella, en la que advierte que “los exportadores continúan pesificando y pagando a los vendedores (productores, acopiadores, cooperativas) al tipo de cambio comprador divisas del Banco Nación, mientras ellos venden sus divisas al tipo de cambio exportador (mezcla 80 y 20%)”. La entidad le pidió al funcionario nacional que convoque a los sectores involucrados para encontrar una solución. Recordó que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires comenzó a difundir la cotización del “dólar exportador” con el objetivo de “introducir mayor certidumbre, equidad y transparencia en el mercado forward”. Como esto no sucedió, para los acopiadores, hay un riesgo de provocar un problema logístico y financiero en la cosecha. ¿Será el fin del cepo la solución?

Otra incertidumbre que pesa sobre el agro es la velocidad con la que el Gobierno concretará sus anuncios de eliminar las distorsiones y asimetrías. Los propios anuncios de la Casa Rosada no parecen llevar claridad. Esta semana, se anunciaron medidas para permitir una mayor importación de alimentos de la canasta básica con el objetivo de bajar los precios en el consumo interno. La competencia es bienvenida, pero no pocos productores se preguntan por qué no se pone el mismo énfasis en bajar el peso de los impuestos sobre la formación de los precios de los alimentos o reducir aranceles de importación de los insumos para la producción.

En el primer caso, se pone como ejemplo lo que ocurre con los lácteos (cerca del 40% son impuestos) y con los fertilizantes (el productor argentino paga un sobreprecio respecto de su par de Uruguay o Brasil).

En realidad, el Gobierno anunció el acortamiento de los plazos de pago al exterior para las importaciones. Algunos protestaron. En la cadena porcina advirtieron que compiten en desigualdad de condiciones frente a la oferta importada (se elimina el pago de percepciones de ganancias e IVA) y que el precio del cerdo en pie cayó un 35% desde diciembre, según expresaron Caicha y la Federación Porcina.

Además de las preocupaciones por el clima y por el dólar, los impuestos dan otro dolor de cabeza. En la provincia de Buenos Aires comenzó una pelea judicial por los incrementos del inmobiliario rural por encima de lo anunciado por el gobierno de Axel Kicillof y votado por la Legislatura provincial. En algunas partidas los aumentos superan el 500% respecto del año pasado y no el 200% como se había prometido. Las asociaciones y sociedades rurales del norte bonaerense realizaron una asamblea esta semana en Salto y directamente llamaron a “no pagar”. El gobierno bonaerense argumenta que los cálculos están bien hechos, pero ya hubo una presentación judicial de un productor y abogado del partido de San Vicente para retrotraer el incremento. La voracidad fiscal no reconoce fronteras.

Por Cristian Mira