Como en un juego de similitudes y diferencias, los principales proyectos de ley o iniciativas que apuntan al mercado de semillas tienen puntos de contacto y también de contrastes. Eso surge al comparar las propuestas del Gobierno, cuyo borrador trascendió esta semana, como informó la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).

Puntualmente en el Congreso, ya hay cinco proyectos que provienen de los dos bloques aliados al Gobierno, esto es la UCR y la Coalición Cívica, y del Frente Renovador (Alegre). En tanto, el Frente para la Victoria no tiene iniciativas en ninguna de las dos cámaras legislativas.

En general, las propuestas abren la puerta, con matices, al pago para quien se reserve semilla para volver a utilizarla en la siguiente campaña. Donde no hay uniformidad es en los tiempos de pago.

El proyecto del Gobierno, que Agroindustria tiene listo y espera su llegada al Congreso, incorpora al artículo 27 de la actual ley de semillas -donde habla entre otras cosas del uso propio- un párrafo que dice que “el titular del derecho de una variedad protegida podrá requerir el pago correspondiente al agricultor que reserve y utilice semilla para uso propio”. Así figura en el último borrador de la iniciativa oficial.

“El proyecto del Ejecutivo establece que el productor pagará por la tecnología incorporada en la semilla que se reserve para uso propio durante los tres años siguientes a la compra. A partir del cuarto año deja de pagar, si mantiene constante la cantidad de hectáreas sembradas”, detalla el trabajo de Barbechando. En rigor, se podrá solicitar el pago “sin límite temporal” por el diferencial si la nueva siembra supera lo sembrado originalmente.

Según este proyecto, estarán exentos los agricultores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf), pueblos originarios y agricultores cuya facturación no supere tres veces la categoría más alta del monotributo. En la actualidad eso representa 1,8 millones de pesos por año. En cuanto al pago, el proyecto del Gobierno impulsa que se agote en la semilla. Dicho de otro modo, los derechos de propiedad intelectual estarán incluidos al momento de la compra.

En el caso de ASA, la propuesta de la cámara que agrupa a la industria semillera permite el uso propio oneroso, sin autorización del obtentor, durante la vigencia de los derechos de propiedad de cada variedad. En tanto, el pago del uso propio se efectúa en el momento del uso de la semilla. No establece un límite de tiempo fijo y se paga en cada uso propio de la semilla protegida.

Respecto de las exenciones en el uso propio oneroso, ASA no explicita nada en este rubro. “Se induce que este punto sería a definición del Poder Ejecutivo, en la reglamentación, que le permitiría modificarlo por año o tipo de semilla o segmento de productor”, indica el informe.

Alfredo Paseyro, gerente general de ASA, indicó: “No somos nosotros los que planteamos excepciones, eso lo debe hacer el Estado”.

La Federación Agraria sostiene que no podrá haber “restricciones cuantitativas” para la reserva de semilla. En el uso propio propone la excepción de pago para los productores de hasta 1500 toneladas anuales en soja e igual volumen en trigo. Para quienes exceden el volumen fijado FAA precisa que el pago podrá ser hasta la segunda multiplicación posterior a la compra de la semilla y que los derechos de propiedad intelectual se agotan con la compra de la semilla.

La entidad de productores reclama que el Ministerio de Agroindustria publique anualmente precios indicativos sobre las remuneraciones para cada variedad. Esto último no aparece en el proyecto oficial ni en el de ASA. En tanto, Alegre le da a la autoridad de aplicación de la ley la potestad para establecer el valor que se asigna al total de la propiedad intelectual incorporada. Agrega entre sus competencias la definición de la forma y los medios para que se efectivicen los pagos y cobros por regalías.

“No compartimos que sea el Gobierno o el Inase quien ponga una base para fijar los precios”, señaló Paseyro sobre esa posibilidad.

Frente otras propuestas, el proyecto de Alegre propone la derogación de la ley vigente para promover una nueva. “El proyecto contempla el uso propio oneroso de la semilla y establece un precio máximo para el pago de la tecnología del 0,75 % del valor del quintal por kilo de semilla. Quedan exceptuados en este proyecto los agricultores registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar”, dice el trabajo de Barbechando sobre la iniciativa del legislador.

En el caso de FADA, la propuesta es que el productor haga un pago único, anual y por bolsa. Lo plantea como una suerte de Netflix para las semillas. “Se paga un valor único por bolsa sin importar qué semilla se utilice, al igual que la plataforma de películas y series en la que podés ver cualquiera con el pago de una misma tarifa”, señaló la entidad. Además, se establece que se paga por toda la mejora genética completa.

Los sujetos exceptuados en la propuesta de FADA se definen en base a las declaraciones de producción realizadas a la AFIP, donde el 5% más chico está totalmente exceptuado, con un incremento progresivo hasta el 15% de los productores más chicos, que terminan pagando el 100% del canon, detalla Barbechando.

Fuente: La Nación