Con mayor intensidad y frecuencia de eventos extremos, inundación, sequía y granizo, la ley de emergencia y las coberturas no protegen integral y eficazmente al productor.

El sistema de gestión de riesgo agropecuario de la Argentina tiene por un lado la ley de Emergencia, que debería recomponer las situaciones críticas después del evento, llegar con asistencia a los productores o incluso realizar trabajos de reparación de infraestructura (limpieza de canales, reparación de caminos).

Además, contempla que una mínima parte de los recursos también se usen para realizar obras de prevención intra predios (por ejemplo mallas antigranizo para producciones intensivas) y la implementación de buenas prácticas (tales como picadas y contrafuego para combatir incendios).

Sin embargo, si se piensa que, según cifras de la Sociedad Rural Argentina, el sector agropecuario gasta en un año 58 mil millones de dólares, y que la cuantificación de las pérdidas por los distintos eventos climáticos que afectan a Río Negro, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires fueron calculadas en más de 3000 millones de dólares según estimaciones de productores y funcionarios, un fondo de 500 millones de pesos, con el que actualmente cuenta la ley de emergencia, es claramente insuficiente. Así lo señala el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, para quien la ley actual es, además, “obsoleta”.

Por otra parte, este contexto evidencia que no hay tal cosa como renta extraordinaria. “Lo ordinario es que a veces sucedan producciones muy buenas y luego un desastre”, recalca el productor Santiago del Solar. Por eso, señala, se necesita un sistema impositivo adecuado al negocio: “Las retenciones claramente no son adecuadas: de lo que queda de la cosecha en zonas de desastre y emergencia, el 30% se va en retenciones. La cuenta así no da”.

En la actualidad, la ley de emergencia contempla la prórroga de impuestos nacionales pero en ningún caso hay exenciones, como si las hay a nivel provincial para los casos de desastre (más del 80% de la superficie afectada).

Para la banca oficial, se congelan los vencimientos por el período que dure la emergencia más 90 días, y se otorga una tasa subsidiada a aquellos productores que tomen nuevamente crédito. Claro, siempre y cuando les da la carpeta, ya que muchos aducen que el sello de “emergencia o “desastre” les juega en contra a la hora de pedir un crédito.

La serie de obstáculos para recibir auxilio continúa ya que una vez declarada la emergencia, para que cada productor pueda recibir la ayuda tiene que darse de alta como proveedor del Estado, algo que es burocráticamente impracticable.

Por eso Agroindustria termina siempre girando fondos al municipio o a la provincia afectada, que luego son los encargados de realizar su reparto en un lapso máximo de un año. La única constancia que recibe el ministerio es un CUIT al que fueron enviados esos fondos, que debe contar con un certificado de emergencia. “Esto da para cualquier cosa”, dicen por lo bajo algunos funcionarios.

Por María Martini