El año pasado las autoridades económicas del gobierno de Mauricio Macri, al diseñar el proyecto de Presupuesto Nacional 2019, intentaron extender la aplicación del impuesto a los Bienes Personales a todos los inmuebles rurales.

Pero en el Congreso, luego de una ardua negociación entre las diferentes fuerzas políticas, se decidió que Bienes Personales se aplicaría solamente en aquellos casos en los cuales una sociedad sea el titular del inmueble rural, mientras que los campos a nombre de personas y sucesiones seguirían exentos.

Una de las medidas que tiene en carpeta el equipo económico del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, es precisamente extender la aplicación del impuesto a los Bienes Personales a todos los inmuebles rurales más allá de cuál sea la titularidad del mismo.

El plan es que el aumento impositivo comience a regir en 2020, de manera tal que debería incluirse en la Ley de Presupuesto Nacional del próximo ejercicio, algo que solamente podría negociarse a partir de noviembre en caso de que Alberto Fernández resulte ganador en las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Pero en caso de que no obtenga la mayoría y deba ir a un balotaje con Mauricio Macri, tal posibilidad se esfumaría.

Algunos comunicadores, como el conductor de TN Adrián Ventura, comenzaron a instalar el concepto de la necesidad de extender el impuesto a los Bienes Personales a todos los campos productivos del país.

El impacto de la generalización de Bienes Personales para inmuebles rurales dependerá de los ajustes de las valuaciones fiscales realizados por las autoridades provinciales.

En 2017, por ejemplo, el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal incrementó la valuación fiscal de miles de partidas de campos para aumentar la recaudación del impuesto inmobiliario rural (con un procedimiento similar al empleado por el ex gobernador Daniel Scioli en 2014). En caso de que Axel Kicillof resulte electo gobernador de Buenos Aires, no puede descartarse que aplique una política similar o inclusive aún más extractiva.

Si bien se trata de una atribución de las autoridades provinciales, el gobierno macrista dio indicios de querer avanzar en la determinación de pautas de fijación de los valores fiscales de inmuebles: por medio del decreto 938/18 creó el “Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles” en el ámbito del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda con el propósito de “determinar los procedimientos y las metodologías de aplicación para las valuaciones fiscales de los inmuebles ubicados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias que adhirieron al Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017” (que comprende a todas las provincias menos San Luis y La Pampa). Tal recurso, en caso de resultar electo, quedará en manos de Alberto Fernández.

La Ley Nº 27.480 (Presupuesto Nacional 2019) determina que los inmuebles rurales a nombre de sociedades con una valuación fiscal de 3,0 a 18 millones de pesos deben abonar 7500 pesos + 0,50% del valor fiscal de la propiedad, mientras que aquellos con valuaciones superiores a 18 M/$ tienen que pagar 82.500 pesos + 0,75%.

Fuente: Valor Soja